SANTANDER - SOCIALES

INFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LOS GRADOS ONCES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL

Estos son:

Las barreras arancelarias: aranceles, Salvaguardias y derechos antidumping
Las barreras no arancelarias: Cuotas de importación, licencias de importación, restricciones voluntarias a las exportaciones, porcentajes de contenido local, permisos sanitarios y normas técnicas.

POLÍTICAS Y TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

En el continente africano, la cooperación se ha organizado igualmente a escala regional: los países de la llamada zona del franco forman la Unión Aduanera y Económica del África Central (UDEAC) y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS); los países de la zona de los Grandes Lagos tienen su propia comunidad económica; el África austral, tras la reintegración de Sudáfrica al contexto africano, se ha estructurado en torno a la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC). Esta organización pretende rebasar su estricta vocación económica para convertirse en una fuerza diplomática regional, a semejanza de la ECOWAS, formada en torno a Nigeria. Si bien la ECOWAS no ha logrado desarrollar la integración económica de sus miembros, ha resultado en cambio un ejemplo útil de mediación en los conflictos locales. De este modo, los países de la ECOWAS formaron una fuerza de interposición en Liberia (ECOMOG). La OUA, paralizada desde hace tiempo por diferencias políticas entre sus miembros, intenta ahora ejercer una mayor influencia desde el punto de vista tanto económico como diplomático: en 1991, sus países miembros firmaron el Tratado de Abuja, que aspira a la instauración de una comunidad económica panafricana antes del año 2005. Paralelamente, en 1993 afirmaron su voluntad de constituir a escala continental una fuerza militar disponible para intervenciones como la que se efectuó en Liberia.

Un movimiento similar tuvo lugar en Asia, donde la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), ejemplo de cooperación económica, social y cultural fundado en 1967, creó en 1994 un foro regional que pretende ser un organismo de seguridad para Asia, a semejanza de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Concebida originalmente como un foro de diálogo entre los países de la OTAN y los del Pacto de Varsovia destinado a favorecer la cooperación económica y tecnológica, así como la libre circulación de las personas y las ideas, la OSCE, heredera de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, reforzó sus estructuras en julio de 1992 (todavía con su antiguo nombre) mediante el documento de Helsinki, que analizaba las consecuencias de los cambios producidos en las relaciones entre Europa Occidental y Oriental. Su misión se amplió especialmente a las operaciones de mantenimiento de la paz. Paralelamente, el proceso de integración política se aceleró en el seno de la Unión Europea (UE). El Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992, preveía la implantación de una política exterior y de seguridad común (PESC). En este marco, la UEO, cuyo poder era limitado, debería tender a convertirse en una estructura autónoma de defensa, en el seno de la OTAN. La ampliación de esta organización a los países del antiguo bloque comunista es una de las principales metas de las relaciones internacionales en los próximos años.

LA CEI

Comunidad de Estados Independientes (CEI), organización gubernamental fundada el 8 de diciembre de 1991, compuesta por las antiguas repúblicas soviéticas y, en cierta forma, sucesora parcial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La Comunidad estaba compuesta originalmente por tres miembros: Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Dos semanas después de su creación, otras ocho ex-repúblicas soviéticas —Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— fueron admitidas también como miembros fundadores, sujetas a la aprobación de sus respectivos parlamentos. Estonia, Letonia y Lituania se convirtieron en repúblicas independientes antes, en 1991, y declinaron unirse a la Comunidad. Georgia rechazó unirse hasta 1993.					2.	FORMACIÓN DE LA CEI
Los miembros de la CEI actúan como estados independientes. A una unidad central formada a imitación de la Comunidad Europea (actual Unión Europea) se le confirió una limitada autoridad, que incluye el establecimiento de una esfera económica común y la coordinación en política exterior e inmigración, la protección medioambiental y la lucha contra el delito. La URSS se disolvió formalmente y los estados asumieron la propiedad de sus instalaciones. Los líderes pusieron las armas nucleares y estratégicas de largo alcance bajo el control conjunto del presidente ruso Borís Yeltsin y del comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de la CEI, el mariscal Evgeni Shaposhnikov, aunque el presidente ucraniano Leonid Makarovich Kravchuk insistió en conservar el derecho de cancelar los lanzamientos de armas desde el territorio ucraniano. Los líderes de las repúblicas acordaron aceptar los acuerdos internacionales de la URSS, incluida la política de desarme nuclear. Rusia tomó el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había pertenecido a la URSS. Estados Unidos reconoció la independencia de las repúblicas y todas ellas se convirtieron en miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992.		3.	PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

Desde su fundación, la CEI se ha caracterizado por las disputas entre los estados miembros y el desacuerdo en las declaraciones escritas. Según los acuerdos originales, las repúblicas tenían el derecho de poseer sus propias fuerzas armadas o unidades de guardia nacional. Las repúblicas adoptaban el rublo ruso como unidad monetaria común y acordaban los principios de respeto de los derechos humanos, la necesidad de preservar las culturas de las etnias minoritarias y la cooperación y coordinación de reformas que ayudasen a establecer economías de libre mercado. Sin embargo, pronto surgieron disputas sobre el control de la Flota del Mar Negro (que había pertenecido a la URSS), sobre las reformas económicas y el levantamiento de los controles de los precios, así como respecto al desarme de las armas nucleares de los estados miembros, confiada a Rusia. Las diferencias étnicas y regionales, contenidas durante décadas por la autoridad soviética central, resurgieron en forma de guerras civiles en Georgia, Moldavia, Tayikistán y la zona del norte del Cáucaso de Rusia, y como conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

Los parlamentos miembros no consiguieron ratificar muchos de los acuerdos aprobados por los representantes de las repúblicas durante el primer año de la CEI. Varias declaraciones fundamentales fueron apoyadas por una escasa mayoría de miembros de la Comunidad, como el acuerdo sobre seguridad colectiva, que originalmente fue firmado sólo por seis miembros en 1992, y la Carta de la CEI, que fue firmada sólo por siete estados miembros en 1993. Se produjeron importantes desacuerdos políticos internos en varias repúblicas, incluida Bielorrusia, sobre declaraciones de la CEI. Además, un desacuerdo fundamental surgió entre las repúblicas sobre los objetivos y el propósito de la CEI. Un grupo, dirigido por Rusia y Kazajstán, consideraba la CEI como vehículo de una integración económica y política más estrecha, mientras que otro, dirigido por Ucrania, la veía como una organización transitoria que debía preparar a cada una de las repúblicas para consolidar su independencia.

En 1993, Kirguizistán ignoró el procedimiento de la CEI para la introducción de unidades monetarias distintas y emitió su propia moneda, el som, lo que llevó a otros estados a prepararse a abandonar el rublo como moneda común de la Comunidad. Durante el mismo año, la misión militar de la CEI se alteró cuando fue abolido el mando militar conjunto. El control sobre las armas estratégicas fue transferido a Rusia, que obtuvo la posesión exclusiva de los códigos de lanzamiento nuclear. Desde finales de 1994, la intervención rusa en Chechenia incrementó las disensiones internas entre los estados miembros de la CEI. Cuatro de ellos (Rusia, Kirguizistán, Kazajstán y Bielorrusia) firmaron en marzo de 1996 un tratado para impulsar la integración entre ellos.

EL MERCOSUR

Mercosur o Mercado Común del Sur, organización regional del espacio sudamericano constituida en virtud del Tratado de Asunción. Este fue firmado el 26 de marzo de 1991 por los entonces presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil (Fernando Collor de Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle). El principal objetivo establecido en el Tratado de Asunción era lograr la progresiva eliminación de barreras arancelarias entre los estados miembros, con el fin de constituir un mercado único. En la actualidad los países del Mercosur gozan de libertad aduanera y comercial, y tienen un arancel externo común. En 2006 Venezuela ingresó como quinto miembro de la organización, aunque habrá un periodo transitorio de seis años durante el que se deberán eliminar todas las barreras arancelarias entre los cinco países.

Tratado de Asunción

El Tratado de Asunción, signado el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, marcó el inició de una nueva era en Sudamérica. Supuso la planificación del Mercado Común del Sur, uno de los más importantes programas de integración regional concebidos a lo largo de la historia en dicho espacio geográfico.

ORIGENES DEL MERCOSUR

Los orígenes del Mercosur se remontan a un encuentro que tuvo lugar en 1986 entre los entonces presidentes de Brasil, José Sarney, y de Argentina, Raúl Alfonsín. El acuerdo comercial bilateral entre ambos países se transformó con el tiempo en la idea de crear una zona de libre comercio en Sudamérica, proyecto que cobró fuerza cuando Uruguay y Paraguay se sumaron a tal intento. Según lo previsto en el cronograma del Tratado de Asunción, el día 1 de enero de 1995 se puso en vigor la unión aduanera y la libre circulación de bienes entre los cuatro países firmantes: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El espacio que engloba el Mercosur constituye un mercado de más de 250 millones de personas. El producto interior bruto (PIB) del área integrante del Mercosur supera, tras el ingreso de Venezuela, el billón de dólares, aproximadamente el 65% del PIB regional.

ESTRUCTURA

La administración y ejecución del Tratado de Asunción y de los acuerdos específicos y decisiones adoptados durante el periodo de transición estuvieron a cargo del denominado Consejo del Mercado Común (cuya presidencia tiene un carácter rotatorio, establecido cada seis meses) y del Grupo Mercado Común.

El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del Mercosur. Le corresponde la conducción política del mismo, así como la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de los plazos y objetivos para su constitución definitiva. Está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los estados parte, que deben reunirse al menos una vez al año. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercosur: debe velar por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo, y está coordinado por los ministros de Relaciones Exteriores.

El Tratado está abierto a la adhesión, previa negociación, del resto de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

En el contexto de la estrategia tendente a la apertura comercial se ha implementado una política de relaciones exteriores muy activa. De esta forma, en el marco de la ALADI se ha trabajado de modo intenso en la renegociación de los acuerdos preferenciales preexistentes con los demás países miembros de la misma. En la cumbre de Presidentes de San Luis (1996) se firmó el Acuerdo de Complementación Económica con Chile, el primer país asociado, que entró en vigor el día 1 de octubre de 1996, y que constituyó un vigoroso instrumento para sentar las bases fundamentales de la conformación de un “espacio económico ampliado”. En el caso particular de Bolivia, en la Cumbre de Presidentes celebrada en Fortaleza (1996) se firmó el Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia, con alcances similares al suscrito con Chile; el bloque amplió el acuerdo de complementación con todos los países integrantes de la Comunidad Andina en 2003.

En 1998, el Mercosur había llegado a un acuerdo de cooperación de comercio e inversión con el Mercado Común Centroamericano (MCCA, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), y en la Cumbre de Presidentes de Porto Iguazú (2004) los cuatro países miembros decidieron aceptar a Venezuela y México como asociados. Los miembros del Mercosur también han intentado estrechar relaciones con la Unión Europea. En 1995, ambos bloques firmaron en Madrid un tratado con miras a iniciar un acuerdo de libre comercio, pero fue en 1999 cuando se comprometieron a empezar con las rondas de negociaciones, aún no concluidas. De forma paralela, y en un contexto americano ampliado, en la Cumbre Hemisférica de Miami de 1994 se establecieron las bases para poner en marcha una zona de libre comercio continental a partir del año 2005, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta iniciativa no logró el consenso suficiente para empezar a operar en la fecha prevista, aunque permanece en la agenda de importantes países americanos.

Asimismo, se realizan reuniones de exploración con el CER (Closer Economic Relations, integrado por Australia y Nueva Zelanda), con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y con otras organizaciones

Mercosur: cronología

AÑO	ACONTECIMIENTO

1985	Declaración de Foz de Iguaçu: los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y Brasil, José Sarney, se comprometen a promover la cooperación entre sus respectivos estados.
1986	Firma del Acta para la Integración Argentino-Brasileña, que incluye el establecimiento del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE).
1988	Firma del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo: Argentina y Brasil se comprometen a fomentar y promover, a través de la liberalización comercial, la creación de un espacio económico común en dos etapas: zona de libre comercio (en un máximo de 10 años) y mercado común.
1990	Acta de Buenos Aires: Argentina y Brasil acuerdan coordinar sus políticas macroeconómicas y reducir sus aranceles mutuos con el fin de que el mercado común entre ambos entre en funcionamiento el 1 de enero de 1995. Acuerdo de Complementación Económica Número 14: formalización del Acta de Buenos Aires en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Paraguay y Uruguay se suman progresivamente al proyecto de creación de un mercado común regional.
1991	Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el Tratado de Asunción, por el que se comprometen a constituir un Mercado Común, denominado Mercado Común del Sur (Mercosur), en una fecha no posterior al 31 de diciembre de 1994. Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias.
1994	Protocolo de Ouro Preto: queda definida la estructura institucional del Mercosur, que es dotado de personalidad jurídica internacional.
1995	Según lo previsto en el Tratado de Asunción, el 1 de enero entra en vigor un área de libre comercio entre los cuatro estados signatarios del mismo. Se suscribe en Madrid (España) el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación (AMIC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
1996	Firma del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile (en vigor desde el 1 de octubre). Se suscribe en Madrid (España) el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación (AMIC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
1996	Firma del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile (en vigor desde el 1 de octubre). Firma del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia (en vigor desde el 28 de febrero de 1997).
1997	Chile y Bolivia adquieren la condición de miembros asociados del Mercosur. Cada país integrante del Mercosur prorroga sus acuerdos bilaterales con los otros estados miembros hasta que se alcance el Acuerdo General.
1998	Firma del Acuerdo de Cooperación comercial y de inversión entre el Mercosur y los países miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA).
2002	Los estados miembros firman el Protocolo de Olivos para la solución de conflictos.
2003	Firma del Acuerdo de Complementación Económica con los países integrantes de la Comunidad Andina.
2004	México y Venezuela se suman como países asociados en la Cumbre de Porto Iguazú.

ALADI

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), bloque de integración económica entre países sudamericanos. Formada por doce estados, la ALADI nació en 1980 con la firma del Tratado de Montevideo (Uruguay), que sustituía a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada veinte años antes sin mucho éxito. El objetivo principal de la ALADI era la creación de un mercado común, logro que aún no se ha alcanzado. Cuestionada como organización en la década de 1990 por la ausencia de resultados concretos en esta materia, funciona en la actualidad como una organización supranacional que promueve la cooperación regional y facilita acuerdos comerciales y arancelarios.

El órgano responsable de determinar las políticas de la ALADI es el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que se reúne de forma irregular, cuando lo decide el Comité de Representantes. Es este Comité, integrado por representantes fijos de los países asociados, el que también determina cuándo deben debatir los miembros de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, que se encargan, a su vez, de analizar la marcha de las acciones hacia la consecución del objetivo primordial, que sigue siendo la creación de un mercado común. La Secretaría es el órgano técnico, responsable de elaborar propuestas, desarrollar labores de investigación y evaluar actividades.

El último miembro en ingresar en la asociación fue Cuba, en 1999. Hoy, además de Cuba, la integran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Participan también como países observadores varios países centroamericanos y europeos.

EL SICA

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organismo supranacional cuyo objetivo es continuar las políticas de integración regional en Centroamérica, interrumpidos durante dos décadas por la violencia que azotaba la zona. Fundado en 1991 por el Protocolo de Tegucigalpa, el SICA reemplazó formalmente a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creada en 1951, que tras el alumbramiento del Mercado Común Centroamericano quedó paralizada por guerras internas. El SICA está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, que se adhirió en diciembre de 2000. La República Dominicana participa como observador, y la República de China como “observador extra-regional”.

Los objetivos actuales del Sistema de la Integración Centroamericana son: consolidar la democracia en la región; constituir una zona común de defensa contra el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando de armas; alcanzar una unión económica; fortalecer a la región como bloque ante terceros países; y promover el desarrollo sostenible. Para ello, se divide en cuatro subsistemas: de integración económica, social, ambiental y política. En los últimos años, la organización ha logrado algunos avances. El tratado de libre comercio entre los miembros facilita el intercambio de bienes y servicios, y los presidentes de los bancos centrales firmaron en 2002 un acuerdo que estipula la progresiva implementación de medidas hasta llegar a un mercado común, objetivo retrasado por las sucesivas crisis económicas de la región. La Reunión de Presidentes Centroamericanos es el órgano supremo del SICA, cuya sede se halla en San Salvador.

Comunidad Económica Europea

En términos económicos, el Tratado de la CEE estableció un plazo de doce años para la eliminación de las barreras comerciales entre sus miembros, la implantación de un arancel común para las importaciones del resto del mundo y la creación de una política agrícola conjunta. Políticamente, el Tratado otorgó a los gobiernos nacionales un papel mayor que el del Tratado de la CECA, aunque también determinó que la CEE fuera más supranacional conforme progresaba la integración económica.

Como respuesta a la CEE, el Reino Unido y otros seis países no comunitarios formaron la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1960. Sólo un año después, tras el evidente éxito económico de la CEE, el Reino Unido inició negociaciones para su ingreso. Pero en enero de 1963 el presidente francés Charles de Gaulle vetó la candidatura británica, especialmente por sus estrechos lazos con Estados Unidos. De Gaulle volvió a vetar la entrada británica en 1967.

Creación de la CE

Las metas económicas básicas del Tratado de la CEE se fueron cumpliendo gradualmente y las tres comunidades (CEE, CECA y Euratom) fusionaron sus respectivos ejecutivos en julio de 1967. Este hecho supuso el nacimiento de la Comunidad Europea (CE). Sin embargo, no se hizo ningún progreso sobre ampliación o cualquier otra propuesta hasta que De Gaulle hubo dimitido como presidente de Francia, en mayo de 1969. El siguiente presidente francés, Georges Pompidou, estaba más abierto a nuevas iniciativas en el seno de la CE. En diciembre de 1969, y a su propuesta, se celebró una reunión de los líderes de los estados miembros en La Haya (Países Bajos). Esta cumbre preparó el terreno para la creación de una forma de financiación permanente de la CE, el desarrollo de un marco de cooperación en política exterior y la apertura de negociaciones para el ingreso de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega.

Ampliación de la CE

En enero de 1972, casi después de dos años de negociaciones, se firmaron los tratados para la adhesión de los cuatro países aspirantes el 1 de enero 1973. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se adhirieron como estaba previsto; sin embargo, en un referéndum los noruegos votaron en contra de su ingreso.

En el Reino Unido continuó la oposición a la pertenencia a la CE. Después de que el Partido Laborista volviera a ocupar el poder en 1974, llevó a cabo su promesa electoral de renegociar las condiciones de la pertenencia británica (especialmente las financieras); la renegociación produjo cambios marginales, pero creó un periodo de incertidumbre en el interior de la CE. Un gobierno laborista dividido confirmó la pertenencia a la CE y convocó un referéndum nacional sobre el tema en junio de 1975. A pesar de la fuerte oposición de algunos grupos, el pueblo británico votó a favor de la permanencia.

En 1979 y 1980, el Gobierno británico, que afirmaba que el valor de su contribución superaba con mucho el valor de los beneficios recibidos, intentó una vez más cambiar los términos de su pertenencia. El conflicto se resolvió en la primavera de 1980, cuando varios países miembros aceptaron pagar una mayor contribución a los costes de la CE. En 1984 se acordó que el Reino Unido recibiría una disminución parcial de su contribución anual neta a la CE, comenzando con una rebaja de 800 millones de dólares para ese año.

Grecia ingresó en la CE en 1981 y, tras ocho años de negociaciones, en 1986 se adhirieron España y Portugal. Otros acontecimientos importantes en las décadas de 1970 y 1980 fueron la ampliación de la ayuda de la CE a países menos desarrollados (especialmente a antiguas colonias de los países miembros); la institución del Sistema Monetario Europeo (SME) para dar una cierta estabilidad a las relaciones entre las monedas de los estados miembros, y los avances en la eliminación de las barreras comerciales interiores con la finalidad de establecer un mercado único.

Sistema Monetario Europeo

l 13 de marzo de 1979 entró en vigor el Sistema Monetario Europeo (SME), lo que suponía el primer paso para la consecución de una unión económica y monetaria. Sus orígenes se remontaban al denominado Plan Werner (formulado en 1970 por el entonces primer ministro luxemburgués, Pierre Werner), que pretendió alcanzar la total unión monetaria en 1980, previsiones demasiado optimistas, en tanto que las monedas de los estados miembros fluctuaron y la devaluación de algunas de ellas limitó el crecimiento económico y favoreció el aumento de la inflación. El SME pretendía estabilizar los tipos de cambio y frenar la inflación, al limitar el margen de fluctuación de cada moneda miembro en una pequeña desviación desde un tipo de cambio central. Se introdujo una unidad de cuenta europea común (el ECU) mediante la cual se podía establecer el tipo de cambio central. El ECU afectaría a todas las monedas de la CE con un peso acorde con la importancia económica de cada país. Cuando una moneda alcanzaba el límite del margen de fluctuación, situado en un 2,25%, los bancos emisores de los respectivos países debían intervenir vendiendo la moneda más fuerte y comprando la más débil. El SME también exigía a los gobiernos que adoptasen políticas económicas apropiadas para prevenir la continua desviación del tipo de cambio central. El SME ayudó a mantener tasas de inflación más bajas en la CE y aligeró el impacto económico de las fluctuaciones monetarias durante la década de 198

El avance más significativo en la CE durante la década de 1980 fue la marcha hacia la puesta en práctica de un mercado único europeo. La campaña para lograr este objetivo fue promovida por Jacques Delors, antiguo ministro de Economía y Finanzas francés, que se convirtió en presidente de la Comisión Europea en 1985. En la Cumbre de Milán (Italia), la Comisión propuso un plazo de siete años para eliminar prácticamente todas las barreras comerciales que aún existían entre los estados miembros. El Consejo Europeo aprobó el plan, y el propósito de alcanzar el Mercado Único Europeo el 1 de enero de 1993 aceleró las reformas en la CE e incrementó la cooperación y la integración entre los estados miembros. Finalmente, todo ello culminó con la formación de la Unión Europea.

Un obstáculo para la total integración económica era la Política Agraria Común (PAC). Durante la década de 1980, la PAC recibía las dos terceras partes del desembolso anual de la CE (los ingresos se obtenían de los aranceles sobre las importaciones y de hasta un 2% del impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado en cada uno de los países miembros). La PAC alentaba la producción de grandes excedentes de algunos productos que la CE tenía el compromiso de comprar, lo que era un modo de conceder subsidios para unos países a expensas de otros. En una cumbre extraordinaria celebrada en 1988, los líderes de la CE establecieron unos mecanismos para limitar esos pagos; en el presupuesto de 1989, y por primera vez desde la década de 1960, las ayudas a la agricultura representaron menos del 60% del gasto total de la CE.

Acta Única Europea

El calendario fijado para alcanzar el Mercado Único Europeo puso al descubierto la necesidad de otorgar un mayor poder a la CE para resolver las cuestiones anejas a la eliminación de las barreras comerciales antes de la fecha tope. El Consejo de Ministros tenía que alcanzar acuerdos unánimes sobre cada decisión, con lo que, de hecho, se daba a los estados miembros poder de veto y se demoraba el proceso político. El Acta Única Europea, introducida en diciembre de 1985 y aprobada por los doce miembros en julio de 1987, introdujo los mayores cambios en la estructura de la CE desde el Tratado de Roma de 1957. Entre las modificaciones incluidas figuró la introducción del sistema de mayoría cualificada que ayudó a acelerar el proceso de creación del Mercado Único Europeo.

El Acta Única Europea introdujo también otros cambios importantes: el Consejo Europeo, que había aportado el impulso principal para la consecución del Mercado Único, consiguió personalidad jurídica; el Parlamento Europeo logró tener mayor voz e influencia; y los estados miembros acordaron unificar normativas fiscales, sanitarias y referentes al medio ambiente. Además, se estableció el Tribunal de Primera Instancia para atender las apelaciones a las decisiones de la CE que presentaran personas, organizaciones o empresas; y cada Estado miembro decidió alinear su política económica y monetaria con la de sus vecinos, utilizando el SME como modelo.

Cambios en Europa y en la CE

Los partidarios de una unión económica y monetaria argumentaban que no habría mercado único mientras las restricciones sobre las transferencias de dinero y las primas de cambio limitaran el flujo libre de capitales. Se sugirió un plan en tres etapas para alcanzar la Unión Económica y Monetaria (UEM). Al mismo tiempo, la Comisión Europea propuso una carta social sobre derechos humanos. Reino Unido se opuso a ambas propuestas, manifestando su preocupación por la pérdida de soberanía que sufriría cada Estado si se incrementaba el poder de la CE. Sin embargo, se sumó al proyecto de la UEM cuando los cambios operados por toda Europa provocaron la necesidad de una respuesta rápida unida de la CE.

Cuando el comunismo se desplomó en Europa del Este, muchos de los países de su órbita buscaron en la CE ayuda política y económica. La CE aceptó concertar acuerdos de ayuda militar y de asociación con muchos de esos estados, pero descartó adhesiones inmediatas. Una cumbre de emergencia, celebrada en abril de 1990, hizo una excepción con Alemania Oriental, permitiendo que este país fuera automáticamente incorporado a la CE tras la reunificación alemana. En la misma cumbre, la República Federal de Alemania y Francia propusieron una conferencia intergubernamental para conseguir alcanzar una mayor unidad europea después de los grandes cambios políticos que habían tenido lugar. La Conferencia Intergubernamental, junto con una conferencia similar que preparaba la UEM, comenzó a trabajar en una serie de acuerdos que desembocaron en el Tratado de la Unión Europea.

8.	El Tratado de la Unión Europea

Representantes de cada país de la CE negociaron el Tratado de la Unión Europea en 1991, y en diciembre el Consejo Europeo se reunió en Maastricht (Países Bajos) para examinar un borrador. Tras intensas negociaciones entre los miembros, el tratado final fue firmado por el Consejo Europeo el 7 de febrero 1992. Una disposición del Tratado establecía que los electores de cada Estado miembro tenían que aprobar la Unión Europea por referéndum; el Tratado fue ratificado en octubre de 1993. La Unión Europea quedó establecida el 1 de noviembre, fecha en que el Tratado entró en vigor. El 1 de enero de 1995 se produjo una cuarta ampliación de la UE con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia. Ese mismo mes, el hasta entonces primer ministro luxemburgués, Jacques Santer, elegido el año anterior para ejercer la presidencia de la Comisión Europea, sustituyó a Delors al frente de la misma. El futuro reto de la UE pasaba por afrontar el cumplimiento de lo acordado en Maastricht. En este sentido, el 15 de diciembre de 1996 se aprobó el estatuto jurídico del euro (nombre adoptado un año antes para la futura moneda única europea), el nuevo SME y el llamado Pacto de Estabilidad, por el que los estados miembros deberían continuar sus respectivas políticas de convergencia una vez que, en 1999, comenzara a utilizarse la nueva moneda.

El Tratado de Amsterdam y sus consecuencias

Si bien el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht marcó las directrices sobre las que habría de construirse el futuro europeo, pronto se consideró la inevitable necesidad de revisarlo, especialmente para adoptar una reforma institucional que permitiera, a corto plazo, el previsible ingreso de nuevos estados miembros. Tal percepción fue la que surgió en la Conferencia Intergubernamental del 29 de marzo de 1996. Con la intención de elaborar un nuevo tratado, se celebró una cumbre del Consejo Europeo en Amsterdam (Países Bajos), en junio de 1997, con el objetivo de abordar la reforma de algunos de los más importantes y controvertidos puntos de la Unión: reforma de sus instituciones, defensa, libre circulación, justicia, flexibilidad y empleo. Los dos primeros puntos, fundamentales para la consolidación de la UE, no fueron revisados. Respecto a los cambios institucionales (reducción del número de comisarios por Estado miembro en la Comisión, reparto del poder en el Consejo de Ministros y aprobación de las propuestas por mayoría, en vez de por unanimidad, entre otros), las diferencias entre los jefes de Estado y de gobierno asistentes obligaron a retrasar la adopción de reformas hasta una nueva Conferencia Intergubernamental. Únicamente se llegó al acuerdo de que, cuando la UE se viera ampliada, existiría sólo un comisario por país en la Comisión. La cuestión del sistema defensivo en que habrá de enmarcarse la UE fue, igualmente, pospuesta, debido a la oposición británica a plantear la integración de la Unión Europea Occidental (UEO) en la UE. El Tratado de Amsterdam quedó, por tanto, carente de resoluciones auténticamente reformadoras: la ratificación del Pacto de Estabilidad y el acuerdo para fomentar políticas activas de empleo, financiadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), fueron sus principales logros. Por lo que respecta a España, en Amsterdam se reconoció el estatuto de Canarias como región ultraperiférica, que permitiría al archipiélago acogerse a un régimen económico y fiscal propio en virtud de su peculiaridad.

La latente preocupación por la cuestión del desempleo (que en 1997 afectaba, aproximadamente, a 18 millones de personas en el conjunto de países integrados en la UE) condicionó, especialmente por parte francesa, la ratificación del Pacto de Estabilidad a la adopción de políticas tendentes a erradicar dicho lastre social. A fin de abordar este asunto, el Consejo Europeo se reunió en Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre de 1997, en la que fue denominada “Cumbre del Empleo”. El principal acuerdo adoptado por el Consejo determinó la creación de un programa (ejecutable en cinco años) por el cual se ofrecería la reinserción laboral o formativa a los parados menores de 25 años que llevasen seis meses en paro y a todos los trabajadores con un año de permanencia en situación de desempleo. El BEI aumentaría los créditos dirigidos al cumplimiento de este plan.

Finalmente, el Tratado de Amsterdam fue firmado el 2 de octubre de 1997 y, tras las necesarias ratificaciones parlamentarias nacionales de los Quince, entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Su texto definitivo preveía el futuro establecimiento de una política exterior y de seguridad común (PESC) y la reforma del funcionamiento institucional, aunque sólo dejaba enunciadas ambas cuestiones. Otras notables disposiciones del nuevo documento “constitucional” de la UE eran las referentes a la planificación y coordinación de políticas conjuntas para fomentar el empleo (ya aplicadas en la citada Cumbre del Empleo); la lucha contra todo tipo de discriminación (el Consejo de Ministros quedaba facultado para suspender el derecho de voto de cualquier Estado miembro que vulnerara de manera grave o constante los derechos humanos); la libre circulación de personas y la progresiva supresión de controles fronterizos (se incorporó al Tratado el Acuerdo de Schengen, resultante de los acuerdos firmados en 1985 y 1990 por Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos, y más tarde suscritos por Italia, España, Portugal, Grecia y Austria); y la adopción de políticas sociales y medioambientales comunes.

10.

Ampliación al Este

La futura consolidación de la UE como entidad aglutinadora de gran parte de los territorios europeos (tanto en el orden político como económico) quedó refrendada en una nueva cumbre del Consejo Europeo celebrada en Luxemburgo en diciembre de 1997. En ella se gestó y planificó el proceso por el cual la UE admitiría el ingreso de nuevos países miembros en su seno. Salvo en los casos chipriota y turco, el grupo de candidatos estaba integrado por estados de Europa oriental. Finalizada la cumbre, once países recibieron la invitación formal para comenzar los distintos y progresivos pasos de adhesión. Esos once países fueron divididos en dos grupos, cada uno de los cuales representaría una distinta “velocidad” de ingreso. Chipre, la República Checa, Estonia, Polonia, Hungría y Eslovenia fueron seleccionados en el primer bloque; de hecho, el 30 de marzo de 1998 comenzaron las conferencias intergubernamentales que suponían el inicio de las primeras negociaciones formales. El segundo grupo (compuesto por países que necesitarían mayor tiempo para cumplir los necesarios requisitos de ingreso) lo formaban Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia (a los que luego se sumó la candidatura de Malta). En ambos casos, el cumplimiento de determinados parámetros económicos y políticos sería obligatorio para el definitivo ingreso de cada uno de estos estados. La no mención de Turquía abrió una profunda brecha en las relaciones entre este país y la UE, aunque la candidatura turca fue finalmente aceptada en diciembre de 1999.



Signo del euro

Si decisiva fue la cumbre relativa a la ampliación de la UE hacia el Este, de histórica se puede calificar la reunión que el Consejo Europeo celebró en Bruselas los tres primeros días de mayo de 1998. En ella, la UEM recibió el espaldarazo definitivo para afrontar su fase determinante, caracterizada por la puesta en marcha del euro y del Banco Central Europeo (BCE).

Pese a que ya se conociera su nombre, la Cumbre de Bruselas debe considerarse como fecha de nacimiento del euro como moneda única europea. En la capital belga quedaron identificados los once países en los cuales el euro se convertiría en moneda única a partir del 1 de enero de 1999 (fecha oficial en que el euro pasó, de hecho, a ser la unidad monetaria financiera de aquéllos). La definitiva fase de la UEM no sería, pues, afrontada por los Quince de forma simultánea. Reino Unido, Dinamarca y Suecia decidieron autoexcluirse en este primer arranque, mientras que Grecia no pudo cumplir los criterios de convergencia (relativos a las tasas de déficit, deuda pública, inflación y tipos de interés) fijados en Maastricht para poder acceder al euro en este primer momento. Además, en Bruselas quedaron fijadas las paridades bilaterales (determinantes para el mecanismo de tipos de cambio del SME) de las distintas monedas nacionales. Asimismo, nació el llamado Euro Once, organismo informal que habría de congregar a los respectivos ministros de Economía y Finanzas de los once países integrantes del grupo de vanguardia del euro.

Por lo que respecta al BCE, en Bruselas quedó establecido que comenzaría a realizar actividades preliminares a partir del 1 de julio de 1998 (al igual que el euro, su fecha oficial de entrada en funcionamiento fue el 1 de enero de 1999). Con sede en Frankfurt del Main, recogió las competencias de su predecesor (el Instituto Monetario Europeo), convirtiéndose en el organismo que, desde el 1 de enero de 1999 (y de forma conjunta con los distintos bancos centrales nacionales, con los que conforma el Sistema Europeo de Bancos Centrales), pasó a determinar las políticas económica y monetaria por las que se regiría la moneda única. La composición del primer Comité Ejecutivo (o directorio) del BCE había constituido motivo de severos enfrentamientos entre distintos países miembros, especialmente por lo que se refería a quién ocuparía su presidencia. Finalmente se consensuó una primera directiva integrada por el holandés Wim Duisenberg (presidente), el francés Christian Noyer (vicepresidente, cuatro años), el alemán Otman Issing (vocal, ocho años), el italiano Tommaso Padova-Schioppa (vocal, siete años), el español Eugenio Domingo Soláns (vocal, seis años) y la finlandesa Sirkka Hämäläinen (vocal, cinco años).

En la cumbre del Consejo Europeo celebrada en Feira (Portugal) en junio de 2000 se anunció que Grecia, finalmente, había cumplido los criterios de convergencia necesarios para incorporarse al grupo del euro, hecho que tendría lugar el 1 de enero de 2001. En cambio, en Dinamarca se celebró un referéndum el 28 de septiembre de 2000 en el que el 53,1% de los votantes optó por rechazar la integración danesa.

Finalmente, el 1 de enero de 2002 el proceso de unión monetaria culminó con la entrada en circulación del euro como única moneda de curso legal en los doce países del grupo.

12.

Cuestión de la financiación y crisis institucional

El nacimiento del euro y del BCE, símbolos de la tercera y definitiva fase de la UEM, así como el futuro ingreso de nuevos países, fueron factores determinantes en la importancia que adquirió la cuestión de la financiación de la UE , en tanto que afectaba a las aportaciones que cada país debía hacer a los presupuestos comunes y a las partidas de éstos que recibiría en distintos conceptos. En diciembre de 1998, el Consejo Europeo, reunido en Viena, abordó las primeras negociaciones y propuestas para la reforma de la financiación de la UE; en el fondo de la cuestión se encontraba la negociación de la denominada Agenda 2000, paquete presupuestario para el primer septenio (2000-2006) del siglo XXI, cuya discusión prosiguió en el transcurso de la cumbre extraordinaria que el Consejo desarrolló en febrero de 1999 en el castillo de Petersberg (cerca de Bonn, Alemania).

Muy poco tiempo después, la UE afrontó una de las crisis institucionales más graves de su historia: el 16 de marzo de ese mismo año, tras ver la luz un informe redactado por un comité de expertos independiente (conocido como Grupo de Sabios) acerca de las irregularidades cometidas en el seno de la Comisión Europea, todos los miembros de ésta, con Jacques Santer al frente, presentaron su dimisión. En los últimos días de ese mismo mes de marzo de 1999, el Consejo Europeo, reunido en Berlín, propuso al ex primer ministro italiano, Romano Prodi, para que se convirtiera en sucesor de Santer al frente de la Comisión (nombramiento que aprobaría el Parlamento Europeo el 6 de mayo siguiente y que le llevaría a tomar posesión cuatro meses más tarde). Además, en Berlín tuvo lugar la definitiva discusión entre los líderes de la UE para pactar la Agenda 2000. Tras enconadas disputas, se llegó a un acuerdo acerca del reparto de los principales componentes de ésta: los Fondos Estructurales (que incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER; el Fondo Social Europeo, FSE; el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, FEOGA; y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, IFOP) y los Fondos de Cohesión.

13.

Política exterior y de seguridad común

El siguiente reto de la UE fue decidir el marco concreto en el que tendría lugar su proyecto de política exterior y de seguridad común (PESC), previsto -pero no desarrollado- por el Tratado de Amsterdam. –Ése fue el principal punto de discusión de la Cumbre del Consejo Europeo que tuvo lugar en Colonia (Alemania) los días 3, 4 y 5 de junio de 1999 (en un contexto marcado por la crisis de Kosovo y por el nuevo papel internacional asumido por la OTAN). En Colonia, los jefes de Estado y de gobierno de los Quince acordaron fijar la finalización del año 2000 como plazo máximo en el que la UE crearía el órgano coordinador de su política defensiva (que, en principio, supondría la subsunción de la UEO en la UE y el establecimiento de un comité militar, un centro de satélites y diversos consejos conjuntos de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa) y nombraron al español Javier Solana (cuyo mandato como secretario general de la OTAN finalizaba ese mismo año) secretario general del Consejo de Ministros (cargo, más conocido como mister PESC, al que el Tratado de Amsterdam otorgaba la máxima responsabilidad en la organización de la política exterior y de seguridad común de la UE). Por lo que respecta a la nueva estrategia de defensa, se apostó por incrementar el peso que la UE debería tener en el conjunto de las relaciones internacionales y por el papel específico que habría de desempeñar, dentro del marco de la OTAN, en las misiones que tuvieran a Europa por escenario. También se logró el compromiso de los estados miembros caracterizados por el mantenimiento de políticas neutralistas (especialmente Austria, Irlanda, Finlandia y Suecia) para participar en misiones de paz. La materialización del denominado Pacto de Estabilidad para los Balcanes y la creación de una agencia encargada de aplicarlo fueron las primeras manifestaciones de este nuevo paso.

Fue en la cumbre europea celebrada en diciembre de 1999 en Helsinki cuando se aprobó la creación del denominado Eurocuerpo, llamado a convertirse en la piedra angular de la PESC. Esta unidad, que estaría operativa en un plazo no superior a 2003, sería un cuerpo militar conjunto y permanente, integrado por 15 brigadas (entre 50.000 y 60.000 soldados), cuya actividad se desarrollaría, por medio de operaciones de acción rápida, en misiones de paz, ayuda y rescate. Un año después, la UE asumió las funciones que hasta entonces había desempeñado la UEO.

14.

El Tratado de Niza: reforma institucional y ampliación

Durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2000, reunido en Niza (Francia), el Consejo Europeo abordó los puntos no resueltos en el Tratado de Amsterdam. Se acordó la reforma institucional de la UE, un nuevo reparto de poder en su seno y se establecieron, a partir de las dos premisas anteriores, los cauces estructurales necesarios para poder afrontar su próxima ampliación hasta un número de 27 estados. Fue uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente de la organización, y alcanzar cierto consenso se convirtió en una difícil tarea, pues cada país pretendió garantizarse una posición lo más privilegiada posible de cara al futuro.

En Niza quedó establecida la ponderación de votos que cada país tendría a partir del 1 de enero de 2005 en el Consejo de Ministros. El sistema oscilaría entre un mínimo de 3 y un máximo de 29 (para los casos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que entonces tenían 10); España pasaría de 8 a 27. Asimismo, quedaron fijadas las tres posibilidades para bloquear la aprobación de decisiones: por la suma de votos que alcancen la cifra de la minoría de bloqueo, por la oposición de la mitad más uno de los estados o por la oposición de los votos que representen a un 38% de los habitantes de la UE (en virtud de la denominada 'cláusula de verificación demográfica'). Es decir, la aprobación de una propuesta requeriría la mayoría cualificada de los votos, la mayoría simple de los estados y que la población de éstos suponga por lo menos el 62% de la total de la UE.

Pese a que el Tratado de Amsterdam fijaba el número máximo de eurodiputados en 700, el Parlamento Europeo incrementaría su número de miembros hasta 732. Los países con más escaños serían Alemania (99), y Reino Unido, Francia e Italia (72 cada uno). España contaría con 50.

También quedó fijada la futura composición de la Comisión. El ejecutivo europeo no podría rebasar la cifra de 27 comisarios, por lo que los países que contaban con 2 (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) perderían uno a partir de 2005, para que los nuevos países miembros contasen con el suyo. No obstante, podrá fijarse por unanimidad el número definitivo de miembros de la Comisión, siempre que sea inferior a 27, lo que exigiría un sistema rotatorio de comisarios. Por otro lado, el presidente de la Comisión, que veía reforzados sus poderes, pasaría a ser elegido por los estados miembros por mayoría cualificada (y no por unanimidad), y su designación requeriría la aprobación del Parlamento.

En Niza también se discutieron cuestiones como la del derecho de veto (que seguiría vigente en determinadas áreas) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Este documento, integrado por 54 artículos y redactado ese mismo año, fue proclamado -pero no incorporado- al Tratado, y su definición jurídica se aplazó hasta 2004. Precisamente para este último año se anunciaba una nueva conferencia que delimitaría las competencias entre la UE y sus miembros. Además, el Tratado de Niza creaba un sistema, denominado “de cooperaciones reforzadas”, por el que un grupo de países (en número mínimo de ocho) podría progresar en el camino de la integración en áreas específicas. Se sancionaba, por tanto, la opción del sistema de “velocidades”.

15.

La Europa del siglo XXI

El 15 de diciembre de 2001, al término de una cumbre celebrada en Laeken (Bélgica), los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la UE aprobaron la llamada Declaración de Laeken, sobre el futuro de Europa. El documento trazaba la actual situación de la UE frente al reto de la ampliación y de la globalización. Igualmente, fijaba la necesidad de simplificar y redistribuir los actuales tratados de la Unión, así como la conveniencia de que éstos condujeran a largo plazo a la adopción de una Constitución.

El texto establecía la convocatoria de una Convención que a partir de marzo de 2002 debatiría sobre el futuro de Europa y diseñaría la reforma institucional y constitucional de la UE. Los Quince designaron como presidente de dicha Convención al ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, el cual presentó en octubre de 2002 el primer anteproyecto del Tratado Constitucional de la UE . Enconadas discusiones sobre el reparto de votos para cada Estado –es decir, la modificación del sistema aprobado en Niza- y la mención o no de la religión cristiana en el preámbulo de la Constitución europea retrasaron su aprobación, y no fue hasta junio de 2004, en una histórica Cumbre de Bruselas, cuando los Veinticinco sellaron la nueva Carta Magna. La Ley Fundamental habría de ser ratificada por los parlamentos nacionales, o en referendos vinculantes, en 2006, y bastaría con que lo hiciesen cuatro quintas partes de los países para que pudiese entrar en vigor. El ‘no’ registrado en Francia en mayo de 2005 supuso un revés de consecuencias difícilmente previsibles, no superado hasta la fecha; el texto constitucional se encuentra en un limbo jurídico del que sucesivas reuniones y ponencias no han conseguido, hasta el momento, sacarlo.

El 1 de enero de 2007 trajo consigo la entrada de Rumania y Bulgaria, que elevaron el número de países miembros a veintisiete. Antes, en octubre de 2005, los entonces Veinticinco habían alcanzado, tras debates muy intensos, un acuerdo de gran significación: el inicio de las negociaciones de adhesión de Turquía, tras haber verificado progresos en materia de democracia, derechos humanos, respeto a las minorías y Estado de Derecho, y pese a las reticencias de varios países centroeuropeos y una opinión pública dividida. En la misma reunión se decidió asimismo la apertura de negociaciones de adhesión con Croacia. En el caso de Serbia, las negociaciones están interrumpidas por la negativa de este país a entregar al presunto criminal de guerra Ratko Mladic. A pesar de todo ello, existe una fuerte corriente de opinión pública contraria a la ampliación ulterior de la Unión Europea, por temor a cierto descontrol interno y a una evaporación de su proyecto original

LA CEAP

Cooperación Económica para Asia y el Pacífico (CEAP), agrupación fundada en 1989 con el objetivo de promover la integración económica regional y el librecambio en el espacio asiático y del Pacífico. En inglés se la conoce como Asia-Pacific Economic Cooperation (ACEP). Está formada por Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, China, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malaysia, Brunei, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Papúa-Nueva Guinea, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, México y Chile. Esos 19 países miembros representan el 60 por ciento del producto interior bruto mundial y el 47 por ciento de las transacciones comerciales planetarias.

El personal organizativo de la CEAP se divide en comités especializados y grupos de trabajo a cargo de funcionarios superiores dependientes de los ministros de Economía y Asuntos Exteriores de los países miembros, que se reúnen una vez al año. La CEAP también celebra una reunión anual de jefes de gobierno de los estados miembros. Los miembros de la asociación se comprometen de modo formal a crear una zona de librecambio en el Pacífico para los países más desarrollados en el año 2010, y para los miembros restantes en el 2020. Los aranceles, y cualquier otra medida que viole la competencia, serán suprimidos. Otros aspectos de la integración económica incluirán la liberalización de fronteras y la normalización legislativa del comercio internacional. La Secretaría de la CEAP, establecida en 1992, tiene su sede en Singapur.

COMECON o CAME, acrónimos de los nombres con que se tradujo al inglés (Council for Mutual Economic Assistance) o al español (Consejo de Ayuda Mutua Económica) un organismo interestatal con sede en Moscú, fundado en enero de 1949 para ayudar y coordinar el desarrollo económico de sus países miembros, pertenecientes al bloque comunista, durante los inicios de la Guerra fría.

Los miembros fundadores fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Albania fue admitida en febrero de 1949, y expulsada en 1961. La República Democrática de Alemania se unió en 1950, la República de Mongolia en 1962, Cuba en 1972 y Vietnam en 1978. En 1964 Yugoslavia se hizo miembro parcial y otros países, como Angola y Etiopía, estaban en calidad de observadores. En 1973 Finlandia fue el primer país no comunista que firmó un acuerdo de cooperación con el COMECON y en 1975 se firmaron acuerdos similares con Irak y México.

El Consejo, su principal órgano ejecutivo, estaba integrado por altos cargos representantes de cada Estado miembro, y solía reunirse con una periodicidad anual. También había un comité ejecutivo, que solía reunirse cada tres meses, y una secretaría, con sede en Moscú. Además, el COMECON tenía muchas comisiones permanentes, cada una de las cuales se ocupaba de una industria en concreto. En 1971 sus miembros crearon el Banco Internacional de Inversión, que otorgaba préstamos para el desarrollo.

En sus inicios la actividad del COMECON se limitó a favorecer el comercio bilateral. Después de 1955 empezó a promocionar la especialización económica entre sus miembros; pero las propuestas encaminadas a favorecer una integración económica a gran escala, promovidas por la Unión Soviética, se encontraron con una férrea oposición por parte de algunos países, especialmente Hungría y Rumania, que temían ser dominados por los miembros más industrializados. A mediados de la década de 1970, los estados integrantes del COMECON financiaron conjuntamente varios proyectos importantes, como la promoción de la minería en Cuba, en Polonia y en la Unión Soviética y la construcción de centrales nucleares. Durante la década de 1980, los miembros estaban especialmente preocupados por aumentar la producción de alimentos, desarrollar industrias de alta tecnología y mejorar la eficiencia de la gestión empresarial.

Los rápidos cambios económicos y políticos ocurridos en el entorno comunista condujeron a la disolución del COMECON en 1991, ya que los nuevos gobiernos no comunistas de Europa oriental lo consideraban un instrumento de la dominación soviética sobre los países de su órbita.

EL GATT Y LA OMC

Aunque se creó para reemplazar al GATT, la OMC incorpora todas las medidas del tratado original y las posteriores reformas, revisadas y mejoradas, denominándose GATT 1994. La OMC amplía el mandato del GATT a nuevas áreas, como el comercio de servicios y de la propiedad intelectual, y proporciona un marco legal a nivel internacional para reforzar las medidas del GATT. Puesto que la OMC desarrolla el Acta Final de la Ronda Uruguay, está, de hecho, perpetuando la organización y decisiones del GATT bajo una nueva estructura reforzada. De hecho, el GATT en sí no era más que un tratado provisional administrado por una secretaría improvisada, pero ha sido transformado de manera efectiva en una organización internacional con plenos poderes.

LA OMC

Organización Mundial del Comercio (OMC), institución internacional creada para promover un librecambio global. En 2003 contaba con 148 países miembros.

La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al que sustituye. Empezó a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo General integrado por 76 países miembros.

Tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de librecambio recogidos en el Acta Final, supervisar las prácticas comerciales mundiales, juzgar los litigios comerciales que los Estados miembros le presentan y, en general, aumentar el flujo comercial en el planeta. A diferencia de su predecesora, es una entidad constituida de modo formal, cuyas decisiones son vinculantes para sus miembros, aunque es independiente de la Organización de las Naciones Unidas. La OMC proporciona un marco para el ejercicio de la ley dentro del comercio internacional, amplía las disposiciones recogidas en el GATT e incluye además los servicios, los derechos a la propiedad intelectual y la inversión.

Su Consejo General permanente está integrado por los embajadores de los Estados miembros ante la OMC, quienes también forman parte de varios comités especializados y subsidiarios. Todo ello es supervisado por la Conferencia Ministerial, que se reúne cada dos años y nombra al director general de la Organización. Renato Ruggiero, antiguo ministro italiano de comercio, se convirtió en el primer director general con dedicación exclusiva el 1 de mayo de 1995. Las disputas comerciales presentadas ante la OMC son sometidas a un grupo compuesto por funcionarios de la Organización. Las naciones pueden recurrir las sentencias emitidas ante un organismo de apelación, cuya decisión es incontestable.

La OMC vivió en 1999, durante su III Conferencia Ministerial (denominada Ronda del Milenio), celebrada en Seattle (Estados Unidos), algunos acontecimientos que replantearon su propia esencia. El objetivo de las reuniones era liberalizar aún más los intercambios comerciales internacionales para fomentar un mayor bienestar mundial, pero sus resultados generaron múltiples protestas en determinados sectores al considerarse que, lejos de reducirse la distancia existente entre los países desarrollados y los subdesarrollados, ésta se había incrementado. Poco antes de dicha cumbre se inició el proceso para la incorporación de China a la Organización, auspiciado por Estados Unidos. Pero no fue hasta el 10 de noviembre de 2001, durante la IV Conferencia (celebrada en Qatar), cuando fue aprobada definitivamente la adhesión de este país a la OMC. Los intentos por reducir los subsidios agrícolas y los aranceles en los países ricos para permitir una mayor exportación de las naciones pobres, dependientes en gran medida de sus cultivos, fracasaron estrepitosamente en la V Conferencia Ministerial, que tuvo lugar en septiembre de 2003 en Cancún (México).